El congresista republicano Jodey Arrington afirmó que la iniciativa otorga al presidente Trump “el pleno respaldo del Congreso para exigirle cuentas a México”. En respuesta, la Secretaría de Energía (Sener) de México ha negado cualquier violación al T-MEC, asegurando que el marco jurídico actual es consistente con el tratado y que “no es discriminatorio ni restringe la participación” de inversionistas extranjeros. La Sener argumenta que las inconformidades de 2022 ya fueron superadas con recientes reformas que otorgan certidumbre. Esta escalada de presión ocurre a menos de un año de la revisión general del T-MEC, programada para julio de 2026, lo que convierte a la política energética en un punto crítico de la agenda bilateral.