UU. (USTR).

En ellos, denuncian que la reforma al Poder Judicial de 2024, que contempla la elección de jueces por voto popular, “plantea graves riesgos para el Estado de Derecho y la administración de justicia en México”. Argumentan que estas modificaciones, junto con las políticas energéticas que privilegian a Pemex y a la CFE, dejan a los inversionistas estadounidenses sin acceso a procesos justos y agravan los problemas planteados en las consultas del T-MEC de 2022. La NAM es contundente al afirmar que para muchos productores de energía de EE.

UU., “México está prácticamente cerrado para hacer negocios”.

Además de los cambios constitucionales, la CTA acusa al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de prácticas coercitivas en las aduanas, amenazando a sus agremiados con auditorías para liberar mercancías. Estas denuncias consolidan un frente de presión del sector privado estadounidense que busca que su gobierno aborde estos temas en la próxima revisión del T-MEC, recomendando a la administración de Claudia Sheinbaum “revertir el rumbo y adoptar un enfoque más deliberado y reflexivo”.