La creciente presencia de vehículos de origen chino en el mercado mexicano ha generado un debate sobre la posible imposición de aranceles de hasta el 50% a unidades de países sin tratado comercial con México. Esta medida, que ya está provocando ajustes estratégicos entre los fabricantes chinos de camiones, es analizada por su potencial impacto en los precios al consumidor y en la dinámica competitiva del sector automotriz nacional. La discusión sobre esta medida proteccionista se enmarca en una nueva política industrial que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha calificado como "más agresiva". El funcionario ha señalado que los coches chinos tienen precios "muy bajos" incluso en su propio mercado, lo que justifica el uso de aranceles para nivelar la competencia. La posibilidad de un arancel de hasta el 50% para vehículos de países sin tratado ya ha detonado ajustes entre las marcas chinas de camiones, que exploran opciones como negociar, producir localmente o reforzar sus cadenas de proveeduría para mitigar el impacto.
Sin embargo, el efecto en el precio final podría no ser tan drástico como se espera.
Eric Ramírez, director regional de Urban Science LATAM, estima que un arancel del 50% podría traducirse en un aumento de solo el 5% para el consumidor, ya que las empresas chinas, con un exceso de capacidad productiva de unos 3 millones de autos al año, tienen margen para absorber gran parte del costo con tal de colocar sus unidades. Esta capacidad de absorción plantea un dilema sobre la efectividad real de los aranceles para frenar la penetración de estas marcas, mientras la industria nacional y los socios del T-MEC observan de cerca los próximos pasos del gobierno mexicano.
En resumenEl gobierno mexicano evalúa la imposición de aranceles de hasta el 50% a vehículos de origen chino, una medida que busca proteger la industria nacional y responder a la competencia de precios bajos. Aunque la medida ya ha provocado que los fabricantes chinos de camiones ajusten sus estrategias, analistas estiman que el impacto en el precio final para el consumidor podría ser limitado, ya que las empresas tienen margen para absorber los costos, lo que plantea un debate sobre la efectividad de la medida para frenar su penetración en el mercado.