La propuesta ha generado un intenso debate en el sector automotriz, que muestra posturas divididas. Por un lado, asociaciones como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) coinciden en la aplicación de un arancel del 50% a los vehículos terminados para crear un “piso parejo” para todos los competidores. Sin embargo, la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (Anapsa) han solicitado un análisis más exhaustivo y un estudio previo por cada una de las más de 1,400 fracciones arancelarias de autopartes que se verían afectadas. Alberto Bustamante, presidente de Anapsa, advirtió que componentes esenciales como chips, baterías de litio y cámaras de nueva generación no se fabrican en México y se importan de estos países, por lo que un arancel indiscriminado podría afectar la competitividad de la producción nacional y la seguridad vial.

La propuesta también contempla aranceles del 35% al aluminio y del 35% al 55% al vidrio para parabrisas, insumos clave para la industria.