La política busca proteger la industria nacional y el empleo, pero ha generado protestas internacionales y advertencias sobre un posible aumento en los precios al consumidor.

La reforma, aprobada de manera expedita por el Congreso, abarca 17 sectores estratégicos, incluyendo automotriz, siderúrgico, textil, calzado, plásticos y juguetes. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, han defendido la medida como parte del “Plan México” de sustitución de importaciones, argumentando que es una decisión económica y no política, necesaria para proteger unos 350,000 empleos. Ebrard aseguró que se coordinaron con importadores para mitigar el impacto inflacionario, aunque la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju) advirtió que los precios de sus productos podrían aumentar hasta un 35% debido a la dependencia de insumos plásticos asiáticos. La reacción internacional no se hizo esperar; China calificó la medida como “unilateral y proteccionista” y amenazó con represalias, mientras que Corea del Sur también expresó su descontento. En contraste, organismos empresariales como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) respaldaron la iniciativa como una forma de fortalecer la producción nacional y enfrentar la competencia desleal. La reforma representa un giro hacia una política industrial más proteccionista, cuyo balance entre la protección del empleo y el impacto en la inflación y las relaciones comerciales será un punto clave de observación.