La medida busca proteger 350,000 empleos en sectores industriales estratégicos y corregir desequilibrios en la balanza comercial, principalmente con Asia.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justificó la medida como una acción necesaria para establecer un “piso parejo”, argumentando que México recibe productos con precios por debajo de las referencias internacionales, lo que constituye una competencia desleal. Según Ebrard, sin esta intervención, se perderían 350,000 empleos en el lapso de un año.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la política, enmarcándola dentro del “Plan México” para el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, y aseguró que “no buscamos enemistad con ningún país”. El paquete, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, abarca 1,463 fracciones arancelarias en 17 sectores, con tasas que varían del 5% al 50%. Los sectores más afectados por el aumento de importaciones en los últimos dos años, y por tanto los más protegidos, son el automotriz, acero, textil, vestido y calzado, concentrados en estados como Querétaro, Puebla, Guanajuato y Coahuila.

La medida se implementa en un contexto de un fuerte desequilibrio comercial con Asia, donde México importa diez veces más de lo que exporta. Aunque el gobierno insiste en que la política no tiene un enfoque geopolítico, el Ministerio de Comercio de China la ha calificado como “proteccionismo y unilateralismo”. Esta acción proteccionista se produce a pocos meses de la primera revisión del T-MEC en julio de 2026, lo que podría someter los aranceles a un escrutinio por parte de sus socios norteamericanos. Sheinbaum desestimó el riesgo de inflación, calculando un impacto mínimo del 0.2%, y proyectó una recaudación adicional de 30 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, industrias como la de juguetes y la de refacciones automotrices han advertido sobre posibles aumentos de precios de hasta un 45% en algunos casos.