Esta decisión representa un giro significativo en la política comercial de México, tradicionalmente abierta, hacia un enfoque más proteccionista. La medida se enmarca dentro del “Plan México”, una estrategia gubernamental más amplia que busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros, fortalecer la industria local e incrementar el contenido regional en las cadenas de producción.

Aunque el proyecto original era más severo, fue suavizado tras discusiones con diversos sectores productivos.

El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, expresó que la reforma está en “plena comunión con los objetivos del Plan México” y busca establecer las bases de un “Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México”. A pesar de la imposición de estas barreras, se aseguró que México respetará los “aranceles consolidados” convenidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establecen los niveles máximos que un país miembro puede aplicar. Este ajuste arancelario es visto como una señal política de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto en el que Washington ha presionado para reducir la dependencia comercial de China en la región.