Esta postura refleja el interés de las industrias ya establecidas en México por asegurar condiciones de competencia equitativas frente a las importaciones.

Rogelio Garza García, presidente de la AMIA, afirmó que la medida está “bien fundamentada” y fomenta la confianza para quienes invierten y generan empleo en el país. “Es una medida con la que totalmente estamos de acuerdo, porque apoya al mercado interno”, declaró, descartando un posible impacto inflacionario al argumentar que “la misma competencia autorregula los precios”. Por su parte, el Consejo de Empresas Globales, que representa a 60 grandes compañías transnacionales, reconoció los objetivos de la reforma para combatir prácticas como la subvaluación. En un comunicado, el consejo señaló que “es legítimo que México fortalezca los instrumentos de política comercial que permitan proteger el empleo, la producción formal y la integración productiva nacional”. Ambas organizaciones ven la medida no como un acto de proteccionismo aislacionista, sino como una herramienta necesaria para corregir desequilibrios y garantizar que las empresas que operan bajo la ley en México puedan competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, el Consejo de Empresas Globales también recomendó una implementación “inteligente, flexible y revisable”, sugiriendo esquemas de excepción para insumos críticos y bienes intermedios para no afectar las cadenas de suministro.