Esta medida, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca proteger a la industria nacional y reconfigurar las dinámicas de importación en sectores clave. La nueva regulación, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, modifica 1,463 fracciones arancelarias y tiene un impacto directo en industrias estratégicas. El sector automotriz enfrenta un arancel del 50% sobre los vehículos importados desde China, una medida que, según analistas, podría frenar la rápida expansión de las marcas asiáticas en el mercado mexicano al cerrar la brecha de precios con los vehículos de fabricación nacional o de otros orígenes. De manera similar, la industria del juguete, altamente dependiente de las importaciones chinas, verá un aumento en sus aranceles del 15% al 20%, lo que anticipa un encarecimiento para el consumidor final en las próximas temporadas. La justificación oficial de esta política es el fortalecimiento de la producción local y el fomento de la competitividad de las empresas mexicanas.

Sin embargo, la medida ha generado un debate sobre sus posibles consecuencias inflacionarias.

Mientras la Secretaría de Hacienda estima un impacto moderado, analistas del sector privado y el propio Banco de México anticipan presiones en los precios, al menos de manera transitoria, lo que podría influir en las decisiones de política monetaria. La estrategia arancelaria se presenta como una herramienta de protección industrial, pero su éxito dependerá de la capacidad de la industria nacional para responder a la demanda y de cómo se gestionen sus efectos en la economía general.