La movilización ciudadana y la intervención de las autoridades estatales culminaron en el rescate de 34 perros y gatos del Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina. Este hecho representa una victoria para los defensores de los derechos de los animales y pone de relieve la importancia de la vigilancia comunitaria. Tras una serie de denuncias en redes sociales sobre presunto maltrato y el sacrificio irregular de más de 70 animales, las autoridades de Nuevo León intervinieron en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina. La Procuraduría del Medio Ambiente, junto con Fuerza Civil y la Fiscalía estatal, realizaron un cateo en las instalaciones, las cuales fueron clausuradas por presentar irregularidades administrativas, falta de limpieza y animales con signos de desnutrición. Como resultado de la presión de activistas y la posterior acción gubernamental, se logró el rescate y aseguramiento de 34 ejemplares, entre caninos y felinos.
Estos animales fueron trasladados al Centro Estatal de Atención Animal, donde recibieron atención veterinaria especializada.
Los exámenes médicos revelaron que varios de ellos padecían enfermedades infectocontagiosas como erliquia, moquillo y coronavirus canino, además de desnutrición. El gobernador Samuel García calificó el estado de los animales como "totalmente inaceptable" y prometió aplicar "todo el peso de la ley a quien maltrate a los animales". Por su parte, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, entregó los 34 animales recuperados a las autoridades estatales para su adopción, aunque negó las acusaciones de maltrato masivo, afirmando que los 70 animales reportados estaban vivos. La situación generó tal controversia que los grupos musicales El Plan y La Morocha cancelaron su participación en los festejos patrios del municipio, expresando su "total solidaridad con la defensa de los derechos y la protección de los animales".
En resumenGracias a denuncias ciudadanas, 34 animales fueron rescatados de un centro en Santa Catarina, Nuevo León, donde presentaban signos de maltrato y enfermedades. La intervención estatal, que resultó en la clausura del lugar, demuestra el impacto positivo de la movilización social en la protección del bienestar animal.