Autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo de rescate en la casa de asistencia privada “Casa de las Mercedes”, logrando la reubicación de 80 menores de edad. La intervención se produjo tras denuncias de presunto abuso y trata de personas dentro de la institución. El operativo fue una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el gobierno capitalino y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y se activó después de que una adolescente de 17 años denunciara en marzo, a través de una carta al DIF, haber sido víctima de una agresión sexual por parte de Aquiles “N”, hijo de la fundadora del albergue. La denuncia también señalaba que las menores eran obligadas a realizar labores domésticas en domicilios particulares de la directora, Angélica “N”, y su madre, Claudia “N”. Tras la denuncia, la Fiscalía capitalina inició una investigación por violación agravada y trata de personas. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que la acción se derivó de la vigilancia rutinaria de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el DIF, quienes detectaron las irregularidades. Brugada advirtió con firmeza: “Quien se atreva a tocar a una niña o niño en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley”.
Como resultado del operativo, Aquiles “N” fue detenido y vinculado a proceso.
Las 80 menores fueron trasladadas a espacios seguros a cargo del DIF, donde reciben atención integral las 24 horas, incluyendo apoyo médico, psicológico y jurídico.
Este rescate subraya el compromiso de las autoridades para actuar con celeridad en la protección de los derechos de la infancia y combatir la impunidad, especialmente en casos que involucran a poblaciones vulnerables.
En resumenEl rescate de 80 menores del albergue “Casa de las Mercedes” representa una intervención crucial de las autoridades de la CDMX para proteger a la infancia vulnerable. La acción, detonada por una valiente denuncia, condujo a la detención de un presunto agresor y destapó una red de presunta explotación, reafirmando la postura de cero tolerancia del gobierno ante el abuso infantil.