Las autoridades capitalinas destacan este proceso como un modelo de atención y justicia restaurativa. De un total de 99 víctimas registradas, la mayoría ya ha firmado acuerdos reparatorios, ya sea de forma directa o indirecta en los casos de fallecimiento. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, calificó el proceso de atención como "ejemplar" y aseguró que sentará un "precedente muy importante en la solución" de emergencias en la capital. Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que el proceso de mediación ha sido "totalmente voluntario" y ha permitido avanzar de forma significativa gracias a la disposición de las partes.

Los casos investigados incluyen lesiones culposas, los 32 fallecimientos y daños materiales.

La fiscal explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite la celebración de estos acuerdos sin necesidad de llegar a una imputación o vinculación a proceso, priorizando la reparación del daño a las víctimas. Con solo una persona aún hospitalizada, el gobierno capitalino se acerca al cierre de este capítulo, demostrando una gestión de crisis enfocada en el apoyo integral a las familias afectadas y la responsabilidad compartida entre el sector público y privado.