La iniciativa contempla duplicar el impuesto a las bebidas saborizadas a 3.08 pesos por litro, elevar la tasa del tabaco del 160% al 200% e introducir un nuevo gravamen del 8% a los videojuegos violentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida, afirmando que “el objetivo no tiene nada que ver con recaudar, sino al revés, con que no se tome tantas bebidas azucaradas”.

Según el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, se espera una reducción del 7% en el consumo de refrescos en los primeros dos años, y la recaudación, estimada en hasta 41 mil millones de pesos, se destinará íntegramente a un fondo para la salud. El gobierno justifica la acción citando la crisis de salud pública, con más de 100 mil muertes anuales por diabetes y un gasto de 180 mil millones de pesos para atender las consecuencias del sobrepeso y la obesidad. Organizaciones civiles como El Poder del Consumidor y Fundar respaldaron la medida, aunque la consideraron limitada, proponiendo un gravamen de 7 pesos por litro para los refrescos. Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia en la oposición y el sector privado. El diputado del PRI, Rubén Moreira, acusó al gobierno de buscar recursos para pagar “las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador”, mientras que la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) calificó la medida como “inequitativa e ineficaz”, argumentando que no existe una relación directa entre el consumo de sus productos y el aumento de la obesidad en las últimas décadas.