El gobierno de México ha propuesto una nueva política arancelaria que impondría gravámenes de hasta el 50% a productos de países con los que no existen tratados de libre comercio, afectando principalmente a China, Corea del Sur, India, entre otros. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, se centra en sectores estratégicos como el automotriz, textil, acero y calzado, con el objetivo de fortalecer la industria nacional bajo el denominado "Plan México". La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido enérgicamente la propuesta, negando que sea una medida de coerción o dirigida específicamente contra China. “Primero, no son medidas de coerción y no son contra China.
Eso es muy importante...
Son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial”, subrayó la mandataria. Aseguró que la política no viola normas internacionales y que se han mantenido conversaciones con las autoridades chinas, con nuevas reuniones programadas. Por su parte, el gobierno chino manifestó su rechazo, advirtiendo que se “opone firmemente a cualquier coerción” y que la medida socava sus derechos e intereses legítimos. El canciller Juan Ramón de la Fuente descartó un rompimiento diplomático, afirmando que la relación con China es “cordial, amistosa” y que estos temas se abordan mediante “diálogos francos”. Sheinbaum también minimizó el riesgo de una caída en el intercambio comercial, argumentando que México exporta muy poco a las naciones involucradas y que los aranceles no serán generalizados, sino aplicados a sectores específicos para proteger la producción nacional.
En resumenEl gobierno mexicano avanza con una política arancelaria proteccionista para fortalecer su mercado interno, en línea con el "Plan México". Aunque la medida ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con China, la administración de Sheinbaum la defiende como una decisión soberana y no discriminatoria, manteniendo abiertos los canales de diálogo para mitigar conflictos comerciales.