Aumento del IEPS a Bebidas Azucaradas en el Paquete Económico 2026

El Paquete Económico 2026 propone un aumento significativo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y bebidas azucaradas, una medida que busca combatir la crisis de salud pública pero que genera debate por su impacto en la economía popular. La propuesta eleva la cuota de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, un incremento del 87%. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum justifica la medida como una estrategia de salud pública necesaria ante las alarmantes cifras de enfermedades relacionadas con el alto consumo de azúcar. México se encuentra entre los países con mayor ingesta de refrescos per cápita, con consecuencias devastadoras como que cuatro de cada diez niños presentan sobrepeso u obesidad y uno de cada tres nuevos casos de diabetes tipo 2 está relacionado con estas bebidas. La presidenta ha declarado que el objetivo principal “no tiene nada que ver con recaudar, sino al revés, con que no se tome tantas bebidas azucaradas”. Además, aseguró que si se recaudaran más recursos de lo previsto, estos se destinarían a un fondo de salud para atender padecimientos como la diabetes y la enfermedad renal. Sin embargo, la oposición, a través del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ha calificado el paquete económico como un “duro golpe que traerá más deuda e impuestos para las familias mexicanas”. Críticos de la medida señalan que el impuesto es regresivo, pues afecta en mayor proporción a los hogares de bajos ingresos, donde el refresco está culturalmente arraigado y, en muchas comunidades, el acceso a agua potable segura es un privilegio. Argumentan que la política es insuficiente si no se acompaña de acciones estructurales, como subsidios para el agua embotellada, la instalación de bebederos públicos funcionales y una regulación más estricta sobre la publicidad de las refresqueras, quienes simplemente trasladan el costo del impuesto al consumidor final.

En resumen

El aumento propuesto al IEPS a bebidas azucaradas es una política de doble propósito que busca mejorar la salud pública y generar ingresos para el sector. Aunque está respaldada por datos sanitarios, enfrenta críticas por su potencial impacto regresivo en los consumidores, especialmente sin políticas paralelas que garanticen el acceso a agua potable asequible.