Esta política es presentada como un pilar fundamental de su administración para distribuir la riqueza y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La presidenta vincula directamente la recuperación salarial con los logros en materia de combate a la pobreza, citando la cifra de que 13.5 millones de personas salieron de esta condición en los últimos seis años.

Según su visión, un salario mínimo más fuerte no solo beneficia a las familias, sino que también fortalece el mercado interno y reduce las brechas económicas. Desde el gobierno se ha señalado que para que el poder adquisitivo se mantenga, es crucial mantener la inflación controlada, en un máximo de 4%. La propuesta se enmarca en una narrativa de justicia social que contrasta con las políticas de los gobiernos neoliberales, a los que acusa de haber mantenido salarios bajos para atraer inversión.