Tras la elección popular de sus nuevos integrantes, el Poder Judicial de la Federación enfrenta una nueva etapa marcada por la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de recortar su presupuesto para 2026 en 15 mil millones de pesos. Esta medida, junto con la reestructuración que disolvió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), redefine la relación entre el Ejecutivo y el Judicial y pone a prueba la autonomía y la política de austeridad del nuevo sistema. La presidenta argumentó que el aumento del 17% solicitado por la anterior administración de la Suprema Corte, encabezada por Norma Piña, era “absolutamente exagerado” y que el nuevo Poder Judicial, con salarios reducidos y una política de austeridad, no necesita dicho incremento.
Propuso que los 15 mil millones de pesos ahorrados se reasignen a deporte, cultura (INAH), universidades e inversión pública.
La reestructuración, formalizada en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, reemplaza al CJF con dos nuevos entes: el Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de la gestión de recursos y la carrera judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial, especializado en investigar y sancionar faltas administrativas de los juzgadores. De manera significativa, el OAJ comunicó a la Presidencia su disposición para revisar el presupuesto, mostrando una nueva dinámica de colaboración. No obstante, el Paquete Económico 2026 aún contempla que los magistrados de estos nuevos órganos percibirán una remuneración neta superior a la de la presidenta, lo que genera cuestionamientos sobre la aplicación de la ley de salarios máximos.
En resumenLa propuesta de un recorte presupuestal significativo al recién electo Poder Judicial, impulsada por la Presidencia, marca un punto de inflexión en la relación entre poderes. La medida se justifica como un acto de austeridad y reasignación de recursos, pero también se interpreta como una señal política del Ejecutivo hacia una judicatura en plena transformación estructural y funcional.