EE.UU. sanciona a diputada de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa; UIF congela cuentas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, por sus presuntos nexos con "La Mayiza", una facción del Cártel de Sinaloa. En una acción coordinada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha bloqueado las cuentas de los 22 individuos y empresas señalados por la autoridad estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. acusa a Brown Figueredo de haber colaborado con el grupo criminal durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California. Según el comunicado estadounidense, la entonces alcaldesa "cedió el control del municipio al grupo delictivo y nombró a aliados del cártel en puestos de alto nivel". El Tesoro describe la operación como un "amplio imperio criminal", en el que Brown, junto con operadores del cártel como Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, presuntamente "recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito". Las sanciones estadounidenses implican el congelamiento de cualquier activo bajo su jurisdicción y prohíben a ciudadanos de EE.UU. realizar transacciones con los designados. Como respuesta inmediata, la UIF de la Secretaría de Hacienda de México informó que instruyó un "bloqueo administrativo" de las cuentas de las siete personas y 15 empresas señaladas, una medida preventiva que se aplica en atención a la designación de la OFAC y a los compromisos internacionales de México. La UIF analizará la información financiera y, de encontrar actividades ilícitas, dará vista a la Fiscalía General de la República.

En resumen

La diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, fue sancionada por Estados Unidos por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa cuando era alcaldesa. Como consecuencia, la UIF de México ha congelado sus cuentas y las de otros implicados, iniciando un análisis financiero que podría derivar en acciones penales.