Además, cualquier cobro recurrente requerirá el consentimiento expreso del consumidor.

Un punto clave es la obligación de notificar al usuario con al menos cinco días de anticipación sobre la renovación automática de un servicio, dándole la opción de cancelar sin penalización. La nueva normativa, que impacta un mercado valuado en 2 billones de pesos anuales, exige la implementación de un mecanismo que permita al consumidor cancelar el servicio "de manera inmediata", con la misma facilidad con la que se contrata. La aprobación contó con el respaldo de todas las bancadas, quienes coincidieron en la necesidad de proteger a los consumidores en la era digital.