Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte oposición y preocupación entre juristas y legisladores.

Críticos como el ministro en retiro Javier Laynez Potisek y el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostienen que la reforma “pone en el centro a las autoridades y no a los ciudadanos”. Advierten que los cambios más preocupantes limitan la suspensión del acto reclamado, restringen la figura del “interés legítimo”, lo que dificultaría la defensa de derechos colectivos, y abren una vía para que las autoridades evadan el cumplimiento de sentencias argumentando “imposibilidad material o jurídica”. La organización Amnistía Internacional expresó que la reforma significaría un “retroceso en materia de derechos humanos” y llamó al Senado a convocar un parlamento abierto, una opción que el coordinador de Morena, Adán Augusto López, ha descartado para acelerar su aprobación.