Esta postura reforzó las acusaciones de que se busca una aprobación expedita sin un debate público adecuado.
Gobierno impulsa polémica reforma a la Ley de Amparo entre críticas de autoritarismo
El gobierno federal ha propuesto una reforma a la Ley de Amparo que busca agilizar la justicia y combatir prácticas dilatorias, pero que ha generado una fuerte controversia por sus posibles implicaciones para los derechos ciudadanos. La iniciativa ha provocado un intenso debate entre el oficialismo, la oposición y especialistas sobre el equilibrio entre la eficiencia del Estado y la protección de las garantías individuales. La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado como parte del segundo paquete de leyes secundarias de la reforma judicial, tiene como objetivos declarados la modernización del sistema a través de la digitalización y el establecimiento de plazos claros. Según el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, la reforma no limita el acceso al amparo, sino que busca hacerlo más eficiente y evitar abusos por parte de defraudadores fiscales o implicados en lavado de dinero que utilizan el recurso para postergar indefinidamente los juicios. Sin embargo, la oposición y organizaciones como la Academia Mexicana de Ciencias Penales han calificado la iniciativa como un retroceso que privilegia al Estado sobre el ciudadano. Críticos señalan que los cambios propuestos, como limitar la suspensión provisional con efectos generales y endurecer los requisitos para concederla en casos de bloqueo de cuentas por la UIF o en materia fiscal, debilitan el principal mecanismo de defensa de la ciudadanía frente a actos de autoridad potencialmente ilegales. El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, la describió como un “traje a la medida a este gobierno autoritario”. La controversia alcanzó al propio partido oficialista, donde inicialmente se anunció un conversatorio para analizar la ley, pero el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, lo desmintió tajantemente, afirmando que la reforma avanzaría sin consultas ciudadanas: “No va a haber ni conversatorios ni parlamento abierto”.



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Incluso desconocen si serán liquidados por el tiempo que brindaron sus servicios en ese lugar.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, destaca la importancia de la capacitación y el reconocimiento del desempeño policial.

El plan se centrará en el uso responsable de los recursos públicos, priorizando la seguridad, infraestructura y apoyo a grupos vulnerables.

La extorsión se ha convertido en una de las principales denuncias de empresarios en el sexenio del Gobernador morenista Américo Villarreal.






