Gobierno de Tabasco reserva información patrimonial de Hernán Bermúdez hasta 2030

El gobierno de Tabasco ha clasificado como información reservada por un periodo de cinco años las declaraciones patrimoniales y de intereses de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder del grupo criminal "La Barredora". Esta decisión, que mantendrá los datos confidenciales hasta agosto de 2030, ha intensificado las críticas sobre la opacidad en un caso que vincula a altos funcionarios con el crimen organizado. La medida fue aprobada por unanimidad por el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco. La justificación oficial es que la difusión de esta información podría “entorpecer la investigación que se le sigue a Bermúdez”, comprometer su integridad física y afectar la seguridad pública. Esta acción se ampara en la Ley de Transparencia estatal, que permite reservar datos cuando su divulgación pueda obstruir la persecución de delitos. El caso de Bermúdez, conocido como “Comandante H”, es de alto perfil, ya que fue el jefe de seguridad durante la gubernatura de Adán Augusto López y actualmente enfrenta un proceso por secuestro, extorsión y asociación delictuosa. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la medida, argumentando que “la discrecionalidad y la secrecía con la que se debe manejar cualquier investigación” es una disposición legal para no alterar el principio de legalidad. Monreal aseguró que “no es para ocultar” y que “todo va a darse a conocer en su momento”, una vez que el juez determine lo correspondiente.

Sin embargo, para los críticos, esta reserva de información alimenta las sospechas de un intento por proteger a figuras políticas de alto nivel, especialmente a Adán Augusto López, en medio de uno de los escándalos de narcopolítica más significativos del sexenio.

En resumen

La decisión de ocultar la información patrimonial de Hernán Bermúdez hasta 2030 ha sido justificada por las autoridades como una medida necesaria para proteger la investigación en curso. No obstante, esta acción ha sido interpretada por la oposición y analistas como un acto de opacidad que busca proteger a figuras políticas de alto nivel vinculadas al exfuncionario, profundizando la desconfianza en la lucha contra la corrupción.