Gobierno Federal rechaza negociación por adeudo fiscal de Grupo Salinas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado categóricamente la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego de establecer una mesa de diálogo para negociar los adeudos fiscales de sus empresas, que ascienden a más de 48 mil millones de pesos. La mandataria afirmó que el cumplimiento de la ley no es negociable y que los tiempos de acuerdos "en lo oscurito" han terminado. El conflicto entre el Gobierno Federal y Grupo Salinas ha escalado, centrándose en un adeudo fiscal que, según la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, asciende a 48,382 millones de pesos, derivado de nueve casos en litigio que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La administración de Sheinbaum sostiene que el origen de la deuda es el "uso indebido" del régimen de consolidación fiscal, un mecanismo que permitía a grandes corporativos diferir o reducir el pago de impuestos, el cual fue eliminado. Galeano explicó que el consorcio abusó de esta figura durante 17 años, utilizando pérdidas "de manera indebida o inflada para pagar menos impuestos". Ante la propuesta de Salinas Pliego de instalar una "mesa de negociación abierta, seria y transparente" para pagar lo "justo", la respuesta presidencial fue contundente: "Esto no es un asunto de negociación en oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado", y recalcó que "negociación de la ley, nunca". Sheinbaum afirmó que, si bien las puertas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) están abiertas, cualquier beneficio, como descuentos en multas o recargos, debe enmarcarse estrictamente en el Código Fiscal de la Federación, recordando que el artículo 28 de la Constitución prohíbe la condonación de impuestos. La confrontación también ha incluido un cruce de acusaciones, donde la presidenta cuestionó el origen de los negocios del empresario, mientras que Grupo Salinas acusó una "persecución política y ofensiva autoritaria".

En resumen

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una postura firme, insistiendo en que el pago de la deuda fiscal de Grupo Salinas debe resolverse conforme a la ley y no a través de acuerdos especiales. La resolución final de los nueve litigios clave recae ahora en la Suprema Corte de Justicia, marcando un precedente en la política de cero privilegios fiscales de la administración actual.