El gobierno federal defiende que los cambios buscan agilizar los juicios y evitar que delincuentes recuperen bienes ilícitos mediante suspensiones inmediatas.

La controversia se centra en varios puntos clave.

Primero, la reforma pretende limitar el otorgamiento de suspensiones provisionales y restringir sus efectos generales, lo que significaría que las sentencias solo beneficiarían al demandante individual y no a la colectividad. Críticos como el abogado Joseph Olid Aranda y la BMCA señalan que esto dejaría en indefensión a colectivos y personas sin recursos para litigar, vulnerando el principio de progresividad de los derechos humanos. Otro aspecto criticado es la redefinición del concepto de interés legítimo, exigiendo al quejoso demostrar una "lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas", lo que podría limitar el acceso a la justicia para grupos ecologistas o comunidades indígenas. El exmagistrado Miguel Bonilla López consideró que la propuesta puede causar un "efecto regresivo en la capacidad de tutela del amparo". Por su parte, defensores de la iniciativa, como Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, argumentan que no es regresiva, sino una actualización necesaria. El Senado ha programado audiencias públicas para discutir la reforma, aunque la BMCA expresó su preocupación de que sea un "mecanismo de trámite" para aprobarla sin cambios sustanciales.