Por ejemplo, mientras en Chihuahua la sanción puede alcanzar los 30 años de prisión, en Oaxaca es de apenas tres. Este marco unificado es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que, según la senadora Olga Sosa Ruíz, ya ha mostrado resultados a través de las denuncias al 089. La reforma ha avanzado con celeridad, siendo aprobada por al menos 17 congresos locales, como los de Michoacán, Morelos y Zacatecas, superando el mínimo requerido para su declaratoria de constitucionalidad. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró la medida, destacando que la extorsión genera pérdidas anuales superiores a 21 mil millones de pesos y afecta principalmente a las mipymes. La futura ley general también contempla mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno, el uso de tecnología e inteligencia, y una atención centrada en la protección de las víctimas y la reparación del daño.