Gobierno impulsa Plan Nacional Hídrico y combate al robo de agua

El gobierno federal, a través del Senado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), está impulsando un nuevo marco de política hídrica para enfrentar la crisis en el país, centrado en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y en un combate frontal al robo de agua. Esta estrategia busca reordenar las concesiones, invertir en infraestructura y tipificar de manera más severa la extracción ilegal del vital líquido. El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo, presentado por la senadora Olga Sosa Ruíz, para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Conagua a coordinarse para prevenir y combatir el robo de agua potable. Se destacó que entre enero de 2019 y noviembre de 2023 se registraron 7,467 tomas clandestinas en la infraestructura hídrica nacional. Esta problemática, que consiste en la perforación de tuberías para vender el líquido a sobreprecio, agrava la escasez. La iniciativa se alinea con el programa "República con derecho al agua" de la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la revisión de concesiones y la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua. Por su parte, el director de Conagua, Efraín Morales, presentó un programa de ordenamiento de concesiones, revelando que se han detectado más de 58,000 irregularidades en 536,000 títulos. El gobierno propone endurecer los controles, tipificar delitos especiales y aplicar la extinción de dominio a quienes incurran en estas prácticas, bajo la premisa de que "el agua no es mercancía".

En resumen

Ante la creciente crisis hídrica y el problema del robo de agua, el Gobierno de México ha lanzado una estrategia doble: por un lado, una reforma a la Ley General de Aguas para reordenar el sistema de concesiones y priorizar el consumo humano; por otro, un endurecimiento de las medidas de seguridad para sancionar la extracción ilegal, considerándola un asunto de seguridad nacional.