A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso de su gobierno con la "verdad y la justicia", al tiempo que condenó los actos violentos ocurridos durante las protestas conmemorativas, asegurando que no caerá en provocaciones ni habrá represión. Esta postura se da en un contexto de creciente desconfianza por parte de los familiares de las víctimas, quienes acusan al Ejército de obstaculizar la investigación. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó la quema de un camión en el Campo Militar 1-A como una "provocación" que busca una respuesta represiva del Estado.
"No estamos de acuerdo con acciones violentas (...) no va a haber represión porque estaríamos cayendo en esa provocación", sentenció.
La administración federal ha destacado la designación de un nuevo fiscal especial y la continuidad de las reuniones con los padres y madres. Sin embargo, los familiares, como expresó Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, exigen acciones concretas, como la extradición de Tomás Zerón desde Israel y el acceso a 800 folios de archivos militares que, aseguran, contienen información clave.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también urgió al Estado mexicano a "redoblar sus esfuerzos".
Mientras tanto, el Archivo de Seguridad Nacional en Washington reveló que la DEA interceptó mensajes en 2014 que vinculaban a traficantes con altos mandos en Iguala, información que no se compartió con México hasta años después, lo que subraya las complejidades y omisiones en la investigación.
En resumenEn el undécimo aniversario del caso Ayotzinapa, el gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta al reto de equilibrar su promesa de justicia con la gestión de protestas cada vez más tensas. Mientras la administración insiste en el diálogo y la no represión, los familiares y organismos internacionales exigen acciones contundentes, principalmente la apertura total de los archivos militares, como única vía para romper el pacto de silencio que, aseguran, ha impedido conocer el paradero de los 43 estudiantes.