Gobierno de Sheinbaum frena cláusula de retroactividad en la Ley de Amparo aprobada por el Senado
La reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado, desató una controversia constitucional después de que la mayoría oficialista incluyera un artículo transitorio para aplicar la nueva norma de manera retroactiva, medida que fue inmediatamente rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum por considerarla inconstitucional. La polémica surgió cuando el Senado, con el impulso del coordinador de Morena, Adán Augusto López, avaló una modificación de última hora que establecía que los juicios de amparo en trámite se resolverían conforme a las nuevas disposiciones. Fuentes parlamentarias señalaron que la propuesta provino originalmente de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y fue advertida como inconstitucional por el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia. A la mañana siguiente, la presidenta Sheinbaum se desmarcó públicamente de la decisión: “Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes”, declaró, y solicitó a la Cámara de Diputados eliminar dicho transitorio. Para aclarar la postura del Ejecutivo, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, explicó que el gobierno no está a favor de “ningún tipo de retroactividad” y sugirió adecuaciones para dar claridad al texto, proponiendo que se establezca explícitamente que es una ley procesal y que las etapas concluidas generan derechos adquiridos. La reacción en la Cámara de Diputados fue inmediata. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó el transitorio como “inadecuado” y “violatorio de la Constitución”, asegurando que no habría “fast track” y que la minuta sería revisada cuidadosamente para darle “congruencia a la Constitución”. La presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, coincidió y adelantó que votaría en contra si se mantenía en sus términos, pues “lastima a los mexicanos”. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también alertó que la retroactividad “rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre”.



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