El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha notificado formalmente al Congreso que su país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga, a los cuales ha designado como organizaciones terroristas y a sus miembros como “combatientes ilegales”. Esta declaración busca otorgar al ejecutivo poderes extraordinarios de tiempos de guerra, permitiendo el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes sin los límites de la ley civil. La notificación, revelada por medios estadounidenses, detalla que la decisión se basa en “los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos y los intereses de Estados Unidos”. La Casa Blanca justificó la medida como un acto de “defensa propia y de terceros contra los continuos ataques de estas Organizaciones Terroristas Designadas”. Esta nueva postura legal se produce tras recientes operaciones militares en el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses destruyeron tres embarcaciones y causaron la muerte de 17 personas, presuntamente vinculadas al cártel venezolano Tren de Aragua.
Expertos en derecho de guerra han calificado la medida como un “abuso” que traspasa una importante frontera jurídica. Brian Finucane, del International Crisis Group, afirmó que “Trump se está adueñando de una licencia para matar, basándose sólo en su propia opinión”.
Críticos como el senador demócrata Jack Reed acusaron a Trump de intentar librar “guerras secretas contra cualquiera a quien él considere un enemigo” sin ofrecer una justificación legal creíble. La administración argumenta que la venta de drogas como el fentanilo, que causa decenas de miles de muertes anuales en EE.UU., constituye un “ataque armado”, una interpretación legal ampliamente cuestionada por especialistas.
En resumenLa administración Trump ha escalado su estrategia antinarcóticos al declararla un conflicto armado, otorgándose poderes de guerra para atacar a cárteles. La medida ha generado una fuerte controversia y es vista por expertos y opositores como una extralimitación de poder ejecutivo con implicaciones legales y geopolíticas significativas.