El gobierno de México ha intensificado su ofensiva contra el contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, anunciando un nuevo sistema obligatorio de códigos QR para todo el transporte de hidrocarburos a partir del 15 de octubre. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia que incluye reformas fiscales y un aumento en las denuncias penales por evasión y contrabando, que han representado un daño al erario de miles de millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que cada pipa de gasolina, diésel o gas deberá portar una calcomanía con un código QR que contendrá información sobre el origen y destino del combustible. La Guardia Nacional estará facultada para escanear los códigos y, si se detecta una irregularidad, detener el vehículo y presentarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR). La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, informó en la Cámara de Diputados que, entre 2022 y 2025, se han presentado 59 denuncias contra redes de “factureras” por una evasión de más de 54 mil millones de pesos, y 102 querellas por contrabando de hidrocarburos que suman un quebranto de 16 mil millones.
Galeano admitió que enfrentar estas redes es una tarea “arriesgada y compleja” que implica a funcionarios y crimen organizado.
Para fortalecer el combate a estos ilícitos, el Paquete Económico 2026 propone reformas al Código Fiscal para negar el registro a empresas vinculadas a factureras y suspender de forma inmediata la facturación apócrifa. Estas acciones se complementan con nuevas normas de seguridad para el transporte de Gas LP, que también incluyen monitoreo tecnológico.
En resumenAnte el multimillonario daño al erario por contrabando de combustibles y facturación falsa, el gobierno federal implementará un sistema de control tecnológico con códigos QR y endurecerá el marco fiscal. Las autoridades reconocen la complejidad y el riesgo de enfrentar a las redes criminales, que a menudo incluyen la colusión de funcionarios.