Sin embargo, esta afirmación fue rebatida por representantes del sector agrícola, quienes desconocen dicho acuerdo y temen por la disponibilidad del recurso hídrico.

Mariano Jáquez Gandarilla, dirigente del Distrito de Riego 005 en Chihuahua, y Marco Antonio Garza, del Distrito de Riego 02 en Tamaulipas, manifestaron su inquietud y no descartaron la conformación de un “frente común” para impedir la liberación del agua, recordando el conflicto de hace cinco años que culminó con enfrentamientos y una persona fallecida. Los productores argumentan que ya cumplieron con un primer envío de 100 millones de metros cúbicos y que una nueva extracción comprometería el ciclo agrícola de 2026, ya afectado por la sequía. Por su parte, el exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, señaló que existe una interpretación errónea del tratado, pues México tiene un “déficit” y no una “deuda” de agua. Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, dijo desconocer en qué se basó la presidenta para sus aseveraciones, mientras diputados locales como Arturo Zubía Fernández manifestaron que “no hay condiciones en las presas” para realizar el pago.