Actualmente, el financiamiento se calcula multiplicando el padrón electoral por el 65% del valor de una UMA, lo que ha resultado en un incremento anual constante de recursos para los partidos, alcanzando 7,737 millones de pesos para 2026. La consejera Norma de la Cruz ha propuesto cambiar la fórmula para que se calcule con base en los votos válidos emitidos, no en el total del padrón, argumentando que esto incentivaría a los partidos a promover una mayor participación ciudadana y podría generar un ahorro del 40%. Esta idea es respaldada por el magistrado Felipe de la Mata.

La reforma también contempla otros cambios significativos, como la eliminación del fuero para legisladores, una propuesta que la presidenta Sheinbaum ha defendido. En el ámbito local, la discusión nacional ya tiene repercusiones; el gobernador de Nuevo León, Samuel García, vetó una reforma electoral estatal sobre paridad de género, argumentando la necesidad de esperar y armonizarla con los parámetros de la reforma federal en deliberación. El debate sobre la reforma electoral se perfila como uno de los temas centrales de la agenda legislativa, con implicaciones directas en la estructura y financiamiento del sistema de partidos en México.