La reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y discutida intensamente en el Congreso de la Unión, ha generado un profundo debate nacional sobre el equilibrio entre la eficiencia judicial y la protección de los derechos ciudadanos. La controversia se centra en la limitación de la suspensión provisional y la fallida inclusión de la retroactividad de la ley, lo que ha encendido alertas en sectores jurídicos, empresariales y de la sociedad civil. El objetivo declarado de la reforma es agilizar la impartición de justicia. La presidenta Sheinbaum señaló que busca que “no se lleven 15 años un juicio de amparo, sino que se haga más expedito”. Para ello, la iniciativa propone limitar la figura de la “suspensión provisional”, un mecanismo de emergencia que frena actos de autoridad potencialmente violatorios de derechos mientras se resuelve el fondo del asunto. Esta limitación afectaría especialmente casos fiscales, como el congelamiento de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y penales.
Organizaciones como la Coparmex han advertido que esto dejaría a las empresas indefensas ante bloqueos del SAT o la UIF, generando incertidumbre jurídica que podría complicar las negociaciones del T-MEC. La polémica escaló cuando el Senado, con el impulso de legisladores de Morena, añadió un artículo transitorio que hacía la ley retroactiva, una medida que la propia presidenta Sheinbaum calificó de “confusa” y solicitó corregir. En respuesta, las comisiones de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados elaboraron un nuevo dictamen eliminando dicha cláusula.
El diputado Julio César Moreno (Morena) describió la adición del Senado como “una ocurrencia muy ocurrente” a la que los diputados tuvieron que “enmendar la plana”. A pesar de esta corrección, el debate de fondo persiste, con críticos argumentando que la reforma debilita un escudo legal fundamental para el ciudadano y podría hacer el amparo un recurso más “elitista”.
En resumenLa reforma a la Ley de Amparo busca agilizar los procesos judiciales, pero enfrenta una fuerte oposición por limitar mecanismos clave de defensa ciudadana como la suspensión provisional. Aunque la Cámara de Diputados corrigió un polémico artículo transitorio sobre la retroactividad añadido en el Senado, el debate central sobre el debilitamiento de este recurso constitucional continúa, evidenciando la tensión entre la eficiencia gubernamental y la protección de derechos.