La medida, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum como una estrategia de salud pública, es calificada por cámaras empresariales como una acción meramente recaudatoria que podría dañar a pequeños comercios y fomentar la informalidad. La postura del gobierno es clara: el objetivo es desincentivar el consumo de productos nocivos.

“¿Por qué queremos que se consuma menos?

Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud”, declaró la presidenta Sheinbaum, quien además aseguró que los ingresos recaudados, estimados en 41 mil millones de pesos, se destinarán directamente a la atención de la diabetes y la hipertensión. La mandataria negó que la medida vaya a perjudicar a las “tienditas”. Por el contrario, el sector empresarial, a través de organismos como la Canaco y la Anpec, ha manifestado una fuerte oposición en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Argumentan que el impuesto es “regresivo y recesivo”, afectará a más de un millón de pequeños negocios que dependen de la venta de estos productos y podría incentivar la economía informal. Andrés Massieu, de la Asociación Mexicana de Bebidas, señaló que es “poco racional concentrar la carga fiscal en un producto que aporta alrededor del 5 por ciento de las calorías promedio”. En contraparte, organizaciones como Salud Justa Mx y SERAJ no solo apoyaron la medida, sino que pidieron un aumento aún mayor y de aplicación inmediata, especialmente para el tabaco, argumentando que podría reducir el consumo en más de un 40%.