El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado las acciones contra el contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, un delito que ha representado pérdidas millonarias para el erario. Las nuevas estrategias se centran en la trazabilidad de los hidrocarburos importados y la consolidación de bases de datos para detectar la evasión fiscal en tiempo real, mientras surgen señalamientos sobre la implicación de políticos en estas redes. La presidenta Sheinbaum informó que se está conformando un grupo de trabajo interinstitucional con la participación de la Secretaría de Hacienda, Energía, Pemex, Aduanas y la FGR para cruzar información sobre importación, transporte y venta de combustibles. “Estamos juntando todas las bases de datos para tener una sola fuente de información”, explicó, con el objetivo de tener una cifra definitiva del daño al erario, que la Procuraduría Fiscal había estimado en 600 mil millones de pesos, aunque la mandataria precisó que aún no hay un monto final. Paralelamente, el diputado local de Nuevo Laredo, Sergio Arturo Ojeda Castillo, detalló que la nueva política de trazabilidad obligará a las empresas importadoras a registrar la ruta completa de los combustibles, “desde el país de origen y la venta final”.
Esto busca evitar irregularidades como importaciones subvaluadas o triangulaciones.
En este contexto, el diputado morenista Fernando Alférez Barbosa señaló que las investigaciones deberían alcanzar a políticos, mencionando directamente al exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, por su súbita aparición como empresario gasolinero, sugiriendo que la venta de combustibles de dudosa procedencia es la esencia del huachicol fiscal.
En resumenLa administración federal ha lanzado una ofensiva contra el huachicol fiscal mediante un mayor control tecnológico y la centralización de información para combatir la evasión. La estrategia de trazabilidad y la coordinación interinstitucional son las principales herramientas para cerrar el paso al contrabando de combustibles, un problema que no solo tiene implicaciones fiscales, sino que también ha generado señalamientos de corrupción a nivel político.