Una de las sanciones más severas es que los socios, accionistas o representantes legales involucrados en la venta de facturas falsas no podrán inscribir nuevas empresas.

Asimismo, quienes compren dichos comprobantes deberán corregir su situación fiscal, o también se les retirará el sello de facturación.

Martínez Dagnino enfatizó que la prisión preventiva oficiosa se aplicará a quienes participen en estas redes, ya que “no son contribuyentes y que están afectando al fisco federal”. Adicionalmente, el SAT ha implementado controles preventivos, como la modificación del proceso de inscripción al RFC y la obtención de la firma electrónica, que ya no se otorgan el mismo día para permitir una mayor verificación del domicilio fiscal y evitar el uso de testaferros.