El programa de retiro, que ofrece una liquidación de ley más un pago adicional de tres meses de salario y 20 días por año trabajado, ha atraído a 970 empleados, entre personal administrativo y miembros del servicio profesional electoral. Esta situación plantea un desafío operativo considerable para el INE, que cuenta con una nómina de más de 18,000 plazas a nivel nacional y ahora debe procesar la salida de cientos de trabajadores experimentados sin afectar su funcionamiento. La bolsa asignada de 100 millones de pesos para este plan podría resultar insuficiente si la tendencia continúa.

La crisis interna se agrava por una disputa presupuestaria con el gobierno federal. La consejera Claudia Zavala denunció un "precedente preocupante" después de que el Ejecutivo eliminara una partida precautoria de 3,119 millones de pesos del presupuesto solicitado para 2026, destinada a una eventual consulta ciudadana, antes de que el proyecto llegara a la Cámara de Diputados. Zavala fue enfática al señalar que dicha decisión corresponde al Legislativo y no al Ejecutivo, lo que evidencia una tensión sobre la autonomía presupuestal del organismo.

En medio de este ambiente de preocupación, el INE debe prepararse para el proceso electoral que inicia en septiembre de 2026, enfrentando una reestructuración que podría alterar la estructura del árbitro electoral.