Este establece que, en los juicios en curso, "las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos", pero "las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto... se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras". El oficialismo, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum y su coordinador de Política, Arturo Zaldívar, argumentó que la medida es de "derecho procesal puro" y no viola el principio de irretroactividad. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió que la reforma busca combatir la evasión fiscal de grandes empresarios, citando más de 2,000 créditos fiscales pendientes por un monto superior a los 100 mil millones de pesos. Sin embargo, legisladores de la oposición calificaron la enmienda como una "retroactividad encubierta" y una "trampa jurídica".

El diputado priista Emilio Suárez acusó que "aplicar las nuevas reglas de procedimiento a juicios en curso... implica alterar las condiciones bajo las cuales las partes accedieron al proceso".

Sectores empresariales como la Coparmex y el CCE también expresaron su rechazo, advirtiendo que la reforma vulnera la certeza jurídica.

Leopoldo Mares Delgado, del CCE, declaró que "esa Ley Amparo nos está desamparando".

El dictamen modificado fue devuelto al Senado para su análisis y votación final.