Earl Anthony Wayne, quien fue embajador en México, declaró que "la Administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México".

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener información oficial al respecto, calificando la revocación de visas como "una información personal" que Estados Unidos no comparte con el gobierno mexicano a menos que exista una investigación formal. La lista de afectados que han reconocido públicamente la pérdida de su visa incluye a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; y el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, entre otros. Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense justificó la medida al afirmar que "las visas son un privilegio, no un derecho" y pueden ser revocadas por "actividades contrarias al interés nacional de EU", como el narcotráfico o la corrupción. Esta situación se da en un contexto de intensas relaciones diplomáticas, con una próxima reunión en Washington entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado, Marco Rubio.