El aplazamiento de su vigencia, según el senador de Morena Homero Davis Castro, se realizó por instrucción presidencial para permitir una adecuada transición administrativa y tecnológica en las 50 aduanas del país. Entre las modificaciones más importantes se encuentra la creación de un Consejo Aduanero para otorgar patentes, la eliminación de la patente vitalicia para agentes aduanales estableciendo plazos de 20 años, y la asignación de facultades concurrentes al SAT y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Además, se refuerza la responsabilidad solidaria de los agentes aduanales y se promueve la digitalización de documentos como el CFDI y la carta porte. La oposición criticó duramente la reforma.

Legisladores del PAN, PRI y MC argumentaron que no ataca la corrupción de alto nivel y convierte a los agentes aduanales en "chivos expiatorios". El senador Clemente Castañeda (MC) señaló que la reforma "no establece responsabilidades, sanciones ni mecanismos de control hacia las autoridades aduaneras", mientras que el priista Miguel Riquelme la calificó de "contradictoria e inconstitucional". A pesar de las críticas, el oficialismo defendió la ley como un paso hacia una aduana moderna que facilitará el comercio legítimo y fortalecerá la recaudación.