Reforma a la Ley de Amparo y sus implicaciones para la justicia

El Congreso de la Unión aprobó una polémica reforma a la Ley de Amparo que modifica sustancialmente el principal mecanismo de defensa ciudadana contra actos de autoridad. La reforma, que entró en vigor el 17 de octubre, ha sido calificada por empresarios, juristas y la oposición como un retroceso que debilita el Estado de derecho, mientras que el gobierno la defiende como una modernización necesaria para agilizar la justicia. La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, introduce cambios clave. Restringe el concepto de “interés legítimo”, exigiendo ahora una afectación “real y diferenciada” para promover un amparo, lo que según la exministra Olga Sánchez Cordero, podría limitar la defensa de derechos colectivos de grupos vulnerables. Además, limita la suspensión del acto reclamado, especialmente en materia fiscal, donde un negocio podría sufrir embargos o congelamiento de cuentas antes de que un juez resuelva el fondo del asunto. El presidente de Coparmex Chihuahua, Jorge Treviño, señaló que esto “pone en riesgo a toda la población” y deja al ciudadano en “indefensión”. La reforma también elimina garantías accesibles como fianzas, sustituyéndolas por billetes de depósito, lo que según el despacho Spetsen “convierte el amparo en un recurso reservado a quienes tienen liquidez inmediata”. Un punto central de la controversia fue la retroactividad. La presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador Arturo Zaldívar aseguraron que la reforma no es retroactiva, argumentando que las etapas procesales ya concluidas se rigen por la ley anterior. Sin embargo, la oposición y analistas como el académico Javier Martín Reyes la calificaron como una “retroactividad encubierta” que vulnera la certeza jurídica, ya que las etapas futuras de juicios en curso se regirán por la nueva ley.

En resumen

La reforma a la Ley de Amparo, ya en vigor, limita el acceso a la suspensión de actos de autoridad y endurece los requisitos del interés legítimo, generando preocupación en sectores empresariales y jurídicos por una posible indefensión ciudadana. El gobierno defiende la medida como una modernización para evitar abusos procesales, mientras los críticos la consideran una regresión en materia de derechos humanos y un debilitamiento de los contrapesos al poder.

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