Iniciativa de Ley General para Sancionar la Extorsión

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión. Esta propuesta busca unificar el tipo penal en todo el país, permitir que el delito se persiga de oficio y endurecer las sanciones para los responsables. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, detalló que la iniciativa es el resultado de una reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el 9 de octubre, que faculta al Congreso para emitir una ley general en la materia. El objetivo principal es que “en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades, y que no se dependa de la presentación de la denuncia para su investigación”. La propuesta establece penas de seis a 15 años de prisión, con agravantes específicas que aumentan la sanción. Entre estas se incluyen el “cobro de piso”, que el delito sea cometido desde un centro penitenciario, o que las víctimas sean personas migrantes, menores de edad o servidores públicos. Además, la iniciativa eleva a rango de ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que opera a través del número de denuncia 089. Para complementar la ley, se armonizarán otros ordenamientos como el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de que los bienes derivados de la extorsión sean susceptibles de extinción de dominio. Godoy afirmó que esta política nacional busca “erradicar la extorsión con coordinación entre niveles de gobierno” y cerrar espacios a la impunidad.

En resumen

El Ejecutivo Federal propuso una Ley General contra la Extorsión para unificar su tipificación a nivel nacional y permitir su persecución de oficio. La iniciativa contempla penas de 6 a 15 años de prisión, con agravantes como el cobro de piso, y busca armonizar diversas leyes para permitir la extinción de dominio sobre bienes obtenidos ilícitamente.

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