La propuesta busca crear un marco jurídico único y más severo a nivel nacional para enfrentar un delito que ha registrado un incremento del 20.8% en su promedio diario entre 2019 y 2025.

La iniciativa propone homologar el tipo penal básico de extorsión en toda la República, estableciendo una pena de seis a 15 años de prisión y multas de hasta 56,570 pesos. Uno de los objetivos centrales es que el delito se persiga de oficio, sin necesidad de una denuncia formal, y se facilite la denuncia anónima a través del número 089. El proyecto de ley contempla 34 agravantes que incrementan las penas significativamente, pudiendo alcanzar hasta 25 o 50 años de cárcel. Entre estas se incluyen conductas como el “cobro de piso”, la imposición de precios, el uso del sistema financiero para cometer el ilícito y la extorsión contra candidatos a cargos de elección popular. También se consideran agravantes específicas la simulación de hechos de tránsito, conocidos como “montachoques”, el uso de violencia, la participación de servidores públicos y el empleo de menores de edad. La propuesta busca resolver el conflicto de competencia entre fiscalías locales y la federal, que a menudo genera impunidad y deja a las víctimas en estado de indefensión. Además, se pretende sancionar a toda la red criminal, incluyendo a quienes introduzcan celulares a los penales, y se establece un régimen estricto en la ejecución penal para que los sentenciados por extorsión no accedan a beneficios preliberacionales, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz.