La medida, aprobada con 351 votos a favor, forma parte del Paquete Económico 2026 y ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones fiscales y sociales.

El incremento es considerable: el impuesto por litro de refresco pasará de 1.65 a 3.08 pesos, mientras que las bebidas con edulcorantes, antes exentas, ahora pagarán 1.5 pesos por litro. En el caso del tabaco, la cuota por cigarro subirá a 0.85 pesos, con un plan para alcanzar 1.15 pesos en 2030. Las apuestas en línea enfrentarán un alza del 30% al 50%, y los videojuegos clasificados para adultos tendrán un nuevo gravamen del 8%.

El gobierno justifica la medida como una estrategia de salud pública para combatir la obesidad y el tabaquismo, problemas que representan un alto costo para el sistema de salud. Sin embargo, la oposición, principalmente desde el PAN, ha calificado la reforma como un “impuesto regresivo” que “asfixia a las familias mexicanas” y golpea a los más pobres. El diputado Alfredo Chávez Madrid criticó que “no son las empresas quienes pagan estos impuestos, sino la gente”.

Además, existe escepticismo sobre el destino de la recaudación, pues se recuerda que promesas pasadas de crear un fondo para la salud con los ingresos del IEPS no se han cumplido de manera verificable. Los críticos también advierten sobre el riesgo de un aumento en el contrabando, especialmente de cigarros.