El gobierno federal ha iniciado una serie de audiencias públicas en los estados para construir una nueva reforma electoral, con el objetivo de reducir los costos de la democracia en México. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, busca recoger propuestas de la ciudadanía y especialistas para crear un sistema más "austero, eficiente y cercano a la ciudadanía". Durante la primera audiencia en Nuevo León, Rosa Icela Rodríguez afirmó que la meta es que México deje de ser "el país con el costo más alto para la organización de sus elecciones, garantizando el voto libre y secreto". En el evento, el gobernador Samuel García aprovechó para desmentir que esté impulsando una reforma local para favorecer a su esposa, asegurando que esperará la definición de la reforma federal.
Paralelamente, han surgido otras propuestas significativas.
El Colegio de Ejecutivos Electorales de México entregó al INE un decálogo que incluye la eliminación de las prerrogativas locales para partidos nacionales, a fin de evitar el doble financiamiento, y la implementación gradual del voto electrónico para 2033. Por otro lado, la organización de la sociedad civil "Ciudadanos por la Democracia", liderada por Claudio X. González, busca recolectar 130 mil firmas para presentar una contrarreforma electoral que garantice un árbitro justo y evite la sobrerrepresentación legislativa.
Estos esfuerzos paralelos configuran un escenario de amplio debate sobre el futuro del sistema democrático del país.
En resumenEl gobierno federal ha puesto en marcha un proceso de consulta nacional para una reforma electoral centrada en la austeridad, proponiendo cambios como la eliminación del doble financiamiento a partidos. Al mismo tiempo, organizaciones civiles y autoridades electorales locales presentan sus propias iniciativas, configurando un debate crucial sobre las reglas de la democracia en México.