Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México registró 25 asesinatos de defensores ambientales en 2024, y cifras de organizaciones como Global Witness señalan que es el tercer país más peligroso del mundo para quienes protegen la naturaleza. La propuesta de la senadora Ortiz no solo busca aumentar las penas, sino también incluir agravantes cuando la víctima pertenezca a pueblos indígenas o afromexicanos, o si el agresor es un servidor público. Además, la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pretende reconocer por primera vez a los defensores del ambiente como beneficiarios directos del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación. Se propone también incorporar a la SEMARNAT y al INPI a la Junta de Gobierno del mecanismo y crear una Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis especializada en riesgos ambientales y territoriales. "La violencia no puede seguir silenciando a quienes defienden la naturaleza", enfatizó la senadora, destacando la urgencia de otorgar seguridad y reconocimiento legal a estos activistas.