Los agricultores exigen un cambio estructural en la política agropecuaria, advirtiendo que la rentabilidad del sector está en grave riesgo. Las principales demandas del movimiento, agrupado en frentes como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), incluyen el establecimiento de un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz, la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la restitución de apoyos al campo. Los productores argumentan que los precios actuales no cubren los costos de producción, los cuales se han elevado por el aumento en insumos como fertilizantes y diésel. El dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, afirmó que "el paro nacional no fue suficiente para sensibilizar al gobierno federal" y advirtió que, de no obtener una respuesta favorable en la reunión programada en la Secretaría de Gobernación, las movilizaciones podrían escalar a bloqueos indefinidos. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, han asegurado que se presentará una propuesta concreta para atender las preocupaciones del sector.

Sin embargo, los productores mantienen su plan de acción en estados clave como Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde se prevén las mayores afectaciones a la circulación. La crisis evidencia la profunda brecha entre el discurso oficial de soberanía alimentaria y la realidad económica que enfrentan miles de familias rurales.