Primero, se busca garantizar el derecho humano al agua, otorgando 60 litros diarios a cada mexicano para uso personal y doméstico sin costo alguno. Segundo, se pretende acabar con el "mercado negro y especulativo del agua", estableciendo que las concesiones para la explotación del líquido ya no podrán ser transferidas, heredadas ni vendidas, eliminando así su uso patrimonialista. Al finiquitar una compra-venta de tierras con derechos de agua, la licencia se entregará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que decidirá si reasigna un volumen al nuevo propietario. Tercero, se propone un ordenamiento estricto del régimen de concesiones, las cuales serían revisadas anualmente. Además, se revocarían aquellas concesiones que no hayan sido utilizadas durante un periodo de dos años consecutivos.

Representantes del sector empresarial han expresado su preocupación, advirtiendo que, si bien una nueva ley es necesaria, las condiciones propuestas podrían afectar a todos los sectores productivos del país y generar un "súper problema" en el campo, que ya enfrenta presiones por inseguridad y precios bajos.

La iniciativa ya se encuentra en análisis en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con proyecciones para ser aprobada en el actual periodo de sesiones.