El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Transporte (DOT), revocó 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas, afectando principalmente operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La medida representa una escalada en las tensiones bilaterales en materia de aviación, originadas por decisiones de la administración anterior para promover el uso del nuevo aeropuerto. La decisión, anunciada por el secretario de Transporte estadounidense Sean P. Duffy, suspende dos rutas vigentes y cancela 11 programadas de Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus. El DOT argumenta que México ha violado el Acuerdo Aéreo Bilateral de 2015 al haber “cancelado ilegalmente y congelado vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencia”. Estas acciones se refieren al decreto de febrero de 2023 del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que forzó el traslado de vuelos de carga del AICM al AIFA y redujo unilateralmente los slots (horarios de aterrizaje y despegue). La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la medida, calificándola de unilateral e injustificada.
“México no es piñata de nadie, a México se le respeta”, declaró, y sugirió que podría haber “un interés político” para favorecer a empresas estadounidenses.
Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a buscar una reunión con sus homólogos en Washington para revisar el caso. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) expresó su “profunda preocupación”, afirmando que “las decisiones adoptadas sin una perspectiva técnica ni de largo plazo han derivado en un escenario de incertidumbre laboral y económica”. Legisladores de oposición, como el panista Héctor Saúl Téllez y el priista Rubén Moreira, responsabilizaron a las “malas decisiones” y “caprichos” de la administración de López Obrador por la crisis.
En resumenLa cancelación de rutas por parte de Estados Unidos materializa las consecuencias de las políticas aeroportuarias del sexenio anterior, generando un conflicto diplomático y económico para la actual administración. La respuesta del gobierno mexicano se centra en la defensa de la soberanía y el diálogo, mientras la industria aérea y la oposición advierten sobre graves repercusiones para la competitividad del país.