La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva legislación busca homologar el tipo penal en todo el país y endurecer las sanciones, aunque una modificación de último momento para reducir las penas a funcionarios públicos omisos generó una fuerte controversia. Con una votación general de 456 a favor, el pleno avaló la ley que establece penas de seis a 15 años de prisión para el delito de extorsión. Sin embargo, una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y aprobada por 339 votos, redujo la sanción para servidores públicos que no denuncien o participen en actos de extorsión, pasando de un rango de 10 a 20 años a uno de cinco a 12 años.
Monreal argumentó que era desproporcionado sancionar más severamente la omisión que la ejecución del delito. La oposición criticó duramente esta modificación.
El diputado del PAN, David Azuara, acusó que la reserva era una “Ley Bermúdez” con dedicatoria para beneficiar al exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, vinculado a investigaciones por extorsión. Legisladores del PAN, PRI y PT advirtieron que la nueva ley, al establecer penas menores a las de algunos estados como Chihuahua, podría generar una aplicación retroactiva en beneficio de cientos de reos sentenciados por este delito. La presidenta Sheinbaum, al ser cuestionada, declaró no tener información sobre la reserva de Monreal, pero aseguró que su gobierno la revisaría. La minuta fue turnada al Senado para su análisis y votación.
En resumenLa nueva Ley General contra la Extorsión representa un esfuerzo por unificar el combate a este delito a nivel nacional. No obstante, la polémica reducción de penas para funcionarios públicos cómplices y el posible efecto retroactivo en beneficio de reos sentenciados han generado un fuerte rechazo de la oposición y dudas sobre su efectividad para garantizar la justicia.